Un menor de 17 años de edad sufrió lesiones de carácter leve después de que supuestamente fuera agredido por su padrastro y la madre presuntamente no le permitiera entrar en la vivienda familiar, en el municipio de en Arona.

Los hechos ocurrieron en el interior de una casa del barrio de El Fraile durante la tarde del pasado domingo, según una de las fuentes consultadas por EL DÍA durante la jornada de ayer.

Supuestamente, la pareja de la madre le propinó al menor diversos golpes por circunstancias que se desconocen. Después del citado incidente, la progenitora del adolescente presuntamente le impidió la entrada en el hogar familiar.

Ambos adultos, de nacionalidad española, fueron imputados por un supuesto delito de lesiones y de abandono de menores, respectivamente.

La víctima interpuso la correspondiente denuncia en la Jefatura de la Policía Local de Arona.

Ante dichas circunstancias, los hechos fueron comunicados al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial.

Este sabía que el animal se le había escapado y andaba buscándolo por la zona

Efectivos de la Policía Local de La Orotava acudieron en la mañana de ayer hasta la barriada de San Antonio, donde varios vecinos habían alertado de la presencia de un perro pit bull cruzado con Stanford americano que paseaba sin dueño.

Rápidamente, se desplazaron hasta el lugar una dotación que localizó al animal que tenía chip, así como la cartilla fitosanitaria, por lo que se pudo contactar con su propietario. Este sabía que el animal se le había escapado y andaba buscándolo por la zona.

En dependencias policiales se pudo constatar que el can estaba a nombre de una menor, que carecía del seguro obligatorio y que además, no estaba inscrito en el censo de animales peligrosos, por lo que se levantó la correspondiente acta sancionadora q ue fue remitida a la Gerencia del Ayuntamiento de La Orotava.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedió a la detención de un joven, de 25 años de edad, como presunto autor de una agresión a su pareja en el interior del domicilio que ambos comparten en pleno centro de la capital tinerfeña.

El ruido generado por el incidente y los gritos de auxilio que profería la mujer fueron determinantes para que varios vecinos del inmueble se decidieran a efectuar diversas llamadas a la sala operativa de radio control, a través del 092, de la Policía Local. El detenido fue identificado con las iniciales P.F.A., y fue interceptado por los agentes cuando huía corriendo por la vía pública.

Detención

Los hechos se produjeron durante la madrugada del domingo, cuando se recibieron varias llamadas en las dependencias de la Policía Local, alertando de un posible caso de violencia de género en el interior de una vivienda.

Cuando el vehículo patrulla llegó al lugar indicado, los agentes actuantes observaron a un varón corriendo por la calle sin camisa. Los policías le dieron el alto e interceptaron al hombre que, en todo momento, negó haber agredido a su pareja.

El estado de ansiedad de este individuo aconsejó retenerlo e introducirlo en el vehículo policial hasta que se aclararan las circunstancias del caso.

Testigos

Los funcionarios de otra dotación policial que fue en apoyo se entrevistaron con la presunta víctima, una joven de 29 años de edad, quien aseguró haber sido agredida por su pareja, teniendo incluso que huir de su domicilio.

Los agentes también requirieron el testimonio de varios testigos y de vecinos del inmueble, confirmando todos ellos que había escuchado a la mujer pidiendo auxilio y diversos golpes en el interior del piso, por lo que habían llamado al 092. Los policías acompañaron a la mujer hasta un centro de salud de la ciudad para el respectivo examen médico. Posteriormente, le asesoraron sobre los pasos a seguir en estos casos para presentar la correspondiente denuncia. También se llevó al detenido al centro sanitario y, después, hasta las dependencias policiales, donde se tramitaron las oportunas diligencias y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La nueva ordenanza de playas, que se aprobará después del verano, retirará de su articulado la prohibición de fumar pero endurecerá las multas para evitar que los fumadores dejen o tiren las colillas en la arena, según el concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa. Así, afirma que "exigiremos el máximo respeto" para la costa

La futura ordenanza de playas de Arona será "muy dura" para evitar daños en el litoral y garantizar su preservación en las mejores condiciones posibles, manifiesta el concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa.

En este sentido, el edil del grupo de gobierno expresa que "la nueva reglamentación, que queremos aprobar después del verano por el Pleno para posteriormente proceder a su entrada en vigor, contempla sanciones elevadas por incumplimientos de la misma. Así, por ejemplo, tirar o dejar colillas en la arena acarreará multas de hasta 3.000 euros".

"Hemos decidido, después del revuelo que se armó, quitar el artículo que prohibía fumar en las playas de Arona. Eso sí, exigiremos el máximo respeto hacia nuestro litoral. Si queremos playas limpias la responsabilidad debe ser de todos", asevera el nacionalista sureño.

Sosa señala que "cuando dijimos en su momento que se prohibiría fumar en nuestros espacios de baño sólo queríamos dar un toque de atención a la población y que se interesase por la ordenanza, ya que en la mayoría de las ocasiones las ordenanzas pasan desapercibidas para el conjunto de la población y sólo el vecino se da cuenta de su existencia cuando es sancionado. No queríamos que con la nueva reglamentación de playa pasara lo mismo debido a los importantes cambios que contendrá la misma".

"Lo que no esperábamos era la tan fuerte reacción social que tuvo, pero creo que el objetivo que se planteó en un principio se logró dado el interés que la futura normativa suscitó en todos los ámbitos", que obligó al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, a dejar sobre la mesa este punto del orden del día en el pleno de abril de 2009, explica el responsable de Medio Ambiente en el ayuntamiento.

Así, manifiesta que "no era intención coartar libertades sino que las colillas contaminan de una forma muy importante la costa y es algo que no podemos tolerar ni permitir en ninguna de las circunstancias, más cuando nuestro municipio es turístico" y las playas aroneras reciben cada año a varias decenas de miles de visitantes.

Reparto de conos

"La conciencia de respeto por el litoral es fundamental para su preservación y en eso estamos trabajando desde el área que dirijo y los actos, tanto de vecinos como de visitantes, deben ser consecuentes con la realidad que nos rodea", argumenta el concejal nacionalista.

Añade que el departamento de Medio Ambiente "está muy comprometido con la preservación de las zonas de baño y de forma periódica repartimos en las playas una serie de conos a las personas fumadoras para que no echen sus colillas en la arena sino en estos cartuchos, para que luego depositen en la papelera más cercana".

Antonio Sosa comenta, de esta manera, que "es más limpio el que menos ensucia", por lo que insta a las personas fumadoras en el litoral que "adopten todas las medidas que sean necesaria para que no dejen sus colillas en la arena".

Los controles policiales y la alta cuantía de las multas ponen alerta a los dueños de perros peligrosos

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria teme que tras el anuncio de que se van a extremar los controles sobre los dueños de perros peligrosos se produzca una cascada de abandonos de estos animales en las calles de la ciudad por no estar registrados legalmente. De hecho, ayer mismo, la Unidad Canina del cuerpo municipal tuvo que retirar a dos pitbull sin collar y sin chip identificativo de un portal en un bloque de Las Rehoyas. Según las fuentes, ningún vecino respondió como el dueño de los animales y nadie sabía de dónde habían salido.

El oficial jefe de la Unidad Canina, José Miguel González, reconoció ayer que hay muchos ciudadanos en el municipio que poseen animales potencialmente peligrosos como los pitbull que no cumplen con los requisitos a los que obliga la Ley que se exponen a cuantiosas multas. "Llevar un perro potencialmente peligroso sin bozal puede suponer una multa de 1.000 euros, y si no tiene licencia, de 2.000 a 3.000 euros; por eso nos tememos que en los próximos días aparezcan muchos más de estos perros abandonados, porque sus dueños no quieren hacer frente a sanciones tan altas".

Además de los pitbull, las razas de perros consideradas peligrosas que más se ven por las calles de la ciudad son los rottweiler y los stafford. González señaló al respecto que tenía conocimiento de que en la perrera municipal de Santa Cruz de Tenerife se han abandonado sólo esta semana una docena de canes peligrosos tras el incidente que le costó la vida a un niño de tres años el lunes pasado. Fuentes del Albergue de Animales de Bañaderos informaron que en Gran Canaria no se ha registrado un incremento en este sentido pero reconocieron que han recibido una avalancha de llamadas pidiendo información sobre estos perros y también temen que se disparen los abandonos en próximos días.

La Unidad Canina ha sido movilizada esta semana para que peine las calles de Las Palmas de Gran Canaria en busca de infractores con perros potencialmente peligrosos. Se trata de acabar con la impunidad que ha llevado a que sólo 940 propietarios de este tipo de canes hayan registrado en el Ayuntamiento a sus mascotas cuando el Colegio de Veterinarios tiene censados a más de 2.000 de estos animales en la capital. "Vamos a centrarnos en los barrios de la periferia y Ciudad Alta que es donde hemos detectado mayor presencia de personas con perros de estas características, aunque no descuidaremos otras zonas residenciales", explicó González.

Los policías aseguraron que los dueños de estos animales muchas veces son menores de edad, algo que prohíbe explícitamente la Ley, igual que negarle el permiso a los que tienen antecedentes penales. "Sabemos que muchos chicos que tienen perros peligrosos menudean con drogas y usan los animales para amedrentar a los que se les acercan, ya sean policías o rivales", incidió González. El oficial de la Policía Local afirmó también que este tipo de jóvenes suelen entrenar a sus pitbull, rottweiler o stafford para que peleen y sean agresivos. Para prepararlos no reparan en crueldad y suelen meter a los perros en un recinto cerrado con gatos callejeros hasta que los matan.

M La perrera de Santa Cruz recoge a una docena de animales

M Algunos enseñan a los canes a pelear encerrándolos con gatos

 La Asociación de Asistencia en Carretera (ACEAC) ha denunciado la detención e imputación del representante de Grúas Cabello, Juan Cabello, el pasado fin de semana por negarse a entregar un vehículo que le había sido entregado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su traslado y depósito en sus instalaciones, según afirmaron en un comunicado.

 Según el mismo, el pasado viernes 3 de junio, Juan Cabello recibió en la sede de su empresa, ubicada en el Sur de Tenerife, un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona por el que se le exigía que entregase un vehículo que le había sido entregado en guardia y custodia. La entrega de dicho vehículo, según informaba la Autoridad Judicial, “debía ser realizada sin coste alguno para el propietario”.

 Según la ACEAC, esta situación no nueva para el sector pues hasta que entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, el pasado 25 de mayo, existía un vacío legal. Por este motivo y ante la repetitiva circunstancia, el dueño de Grúas Cabello se negó a realizar la entrega por considerar que se le debía abonar el servicio.

 Al día siguiente, sábado, se presentó una patrulla de la Policía Local de Granadilla procediendo al arresto de Juan Cabello. Tras prestar declaración en la comisaría, fue puesto en libertad.

 Archivada
Este martes, el acusado prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Granadilla por una denuncia por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad Judicial. Dicha denuncia terminó siendo archivada.

 A la salida de los Juzgados, y acompañado por el representante legal de ACEAC y del presidente de la patronal de grúas de Canarias, José Luis Tacoronte, estos declararon que “el vacío legal que ha existido hasta ahora en relación con quién es el responsable de abonar los servicios prestados por las empresas de grúas de Canarias queda cubierto, desde el 25 de mayo con la nueva Ley de Tráfico, donde en sus artículos 84 y 85 indica que “los gastos originados como consecuencia de la inmovilización, retirada y depósito de vehículos serán abonados por el conductor que cometió la infracción”.

 Por eso, la ACEAC no entiende lo sucedido este fin de semana por su incoherencia, pues se entiende que se tendrían que haber aplicado dichos artículos. La ACEAC ha solicitado una reunión urgente a la Delegación del Gobierno y las Subdelegaciones para ponerles en antecedentes de lo ocurrido, así como invitarlos a una solución inmediata.

 La Asociación de Asistencia en Carretera también está estudiando otro tipo de acciones de presión en el caso de que no se le ponga fin a estas situaciones. La patronal recuerda que desde su creación, en 2005, hay unos 1.000 vehículos que se mantienen depositados en las dependencias de sus asociados, ascendiendo, en algunos casos, hasta unos 7.000 euros los costes por sus servicios.

Los tres policías locales del Ayuntamiento de Arrecife juzgados por agredir a un vecino de ese mismo municipio, en Lanzarote, acusan a éste de denunciarlos como represalia por haber abierto varios expedientes sancionadores contra los locales de ocio de un sobrino, por “incumplir el horario de cierre, permitir el acceso a menores de edad o superar los niveles de ruido permitidos” según la normativa vigente. Así lo explicó el agente Jorge Antonio Quintero, quien insistió en destacar durante su declaración la relación familiar entre el denunciante y el dueño de los establecimientos, además de la “enemistad” que le había demostrado en ocasiones anteriores. Por su parte, Felipe Brito, insistió en que las agresiones se produjeron sin que él hubiera hecho nada para provocarlas, y que la denuncia de los hechos no está influenciada por los intereses de su sobrino.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno de los agentes por un delito de lesiones con instrumento peligroso, mientras que la acusación particular se suma a esta petición y le añade cinco años por un delito de torturas. El letrado de la defensa solicita la libre absolución.

Los hechos que se juzgan en la Audiencia Provincial de Las Palmas de la capital grancanaria, ocurrieron la noche del 11 de junio de 2006. Según la declaración de los agentes, fueron requeridos por el dueño de la discoteca ‘La Fábrica’ en Arrecife por una pelea en la puerta de este establecimiento. Cuando llegaron, el portero y el denunciante se estaban “dando golpes en el suelo”, y su actuación se limitó a “separarlos, pedirles su identificación y ofrecerles si querían presentar denuncia contra el otro”, señaló Quintero. Los tres agentes coincidieron en destacar que el denunciante despedía “alitosis etílica” y “se tambaleaba”, además de no presentar lesiones evidentes e importantes.

Por su parte, Brito ratificó su denuncia. Según su relato los hechos se desencadenaron cuando “hubo un pequeño empujón” en la puerta de la discoteca por la aglomeración de personas que intentaban entrar y salir del local. En ese momento aparecieron los tres agentes, lo separaron del resto, le pidieron la identificación y “me desafiaron” a entrar en un solar de una calle cercana. De los tres agentes, uno, Quintero, caminó delante suyo y los otros dos, José Miguel Gutiérrez y Francisco Godoy, detrás. Ya en el descampado, en el que según el testimonio del denunciante no había nadie más, “siento un escozor en los ojos por un líquido que viene desde atrás”, y acto seguido “una patada en el tobillo que me da el que va delante”.

A partir de ahí asegura que le propinaron golpes y patadas, para posteriormente “dejarme tal cual botado allí”. Brito dice que por las lesiones que le causaron tuvo que reptar hasta el local más cercano, que casualmente era propiedad de su sobrino, que fue quien lo acompañó al hospital. Los presuntos golpes propinados por los agentes le ocasionaron “rotura de peroné y una conjuntivitis aguda”. A esto se suma un período de baja laboral que según Brito le ha causado “importantes pérdidas económicas” al tener que cerrar un local que regentaba junto a su socio, aunque no pudo aportar el nombre del establecimiento a preguntas de la defensa de los agentes, y el descenso de sus ganancias como comercial de una empresa para la que también trabajaba en la fecha en que sucedieron los hechos que se juzgan.

Sobre esto último, el letrado de la defensa de los policías locales destacó las contradicciones entre las ganancias que Brito declara haber perdido, y los datos económicos aportados por la empresa donde trabajaba y las declaraciones de la renta que presentó en 2006, y los años anterior y posterior.

ACN

La Policía Local expone un pedazo de sus 150 años de historia en el Cicca a través de uniformes, fotos e insignias