El agente, de 33 años , fue arrollado en Gran Canaria por un vehículo el sábado por la mañana

El guardia civil que falleció ayer atropellado en la capital grancanaria cuando estaba de servicio en un control de alcoholemia, será enterrado mañana en Navalmoral de la Mata (Cáceres), según han confirmado hoy fuentes municipales.

El agente, de 33 años y natural de la vecina localidad cacereña de Losar de la Vera, fue arrollado por un vehículo, cuyo conductor estaba en estado ebrio, según informó ayer la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias.

El cadáver será trasladado esta tarde al Tanatorio de La Inmaculada de Navalmoral y mañana, a las 10:30 horas, tendrá lugar el funeral en el Iglesia de San Andrés; posteriormente, los restos mortales se trasladarán al cementerio municipal.

Según las mismas fuentes, está previsto que acuda al sepelio una representación de la Guardia Civil al máximo nivel y de la Delegación del Gobierno en Extremadura y de la Subdelegación de Cáceres, así como los fusileros de la Benemérita y autoridades locales.

El agente, que había ingresado en el cuerpo en 2004 y se encontraba destinado desde 2008 en el Destacamento de Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria, será enterrado con todos los honores los himnos nacional y de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil de tráfico dejan de imponer sanciones para protestar por la congelación de sueldo de los funcionarios

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que "hay casos" de agentes de la Agrupación de la Guardia Civil que están realizando una protesta de 'bolígrafos caídos' dejando de formular algunas multas para protestar por el recorte de salario a los funcionarios aprobado por el Gobierno.

La protesta no ha sido promovida por ninguna asociación ni sindicato, sino que han sido los propios agentes, a través de foros de Internet y de correos electrónicos, los que se han movilizado para protestar por la bajada de sueldos que también les afecta a ellos.

De esta forma, los agentes que se han sumado a la protesta paran al conductor al que sorprenden cometiendo una infracción, le explican lo que ha hecho mal, pero no le ponen multa. No obstante, según explican desde la IGC, este procedimiento, que depende de la "iniciativa individual" de cada guardia, sólo se está aplicando en los casos de sanciones más leves.

"Hay casos en los que, pues sí, paran, te avisan, pero no formulan la correspondiente denuncia", señaló Navarro. Por su parte, fuentes de la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) afirmaron que esta protesta se está traduciendo en una "reducción drástica" de las denuncias de los agentes.

No es la primera vez que los agentes de la Agrupación de Tráfico llevan a cabo una movilización de estas características. Así, ya en 2005 consiguieron que el Gobierno accediera a conceder a los agentes que patrullan en carretera un complemento de seguridad vial de 150 euros tras realizar otra huelga encubierta de "bolígrafos caídos".

El director general de Tráfico aconsejó a los conductores que no se gasten el dinero instalando en sus vehículos detectores de radares porque, "si todavía no están prohibidos", la Dirección General de Tráfico los prohibirá pronto.

Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha convocado para el próximo 10 de julio en Valencia una manifestación contra la "restricción de sus derechos constitucionales", ya que denuncia ser el colectivo de empleados públicos que "más horas trabaja y menos cobra".

La asociación manifiesta, en un comunicado, que con el recorte salarial aplicado por el Gobierno a los funcionarios "llueve sobre mojado para los guardias civiles", ya que "no solo recorta los salarios de colectivo sino que está sirviendo para detener cualquier avance" en la mejora sus condiciones laborales y profesionales.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, ha surgido un pequeño problema en algunos municipios de nuestro país, y es que el redactado legal vigente desde hace unas semanas otorga la facultad para retirar vehículos a la autoridad encargada de la gestión del tráfico, lo que en principio se traduce en la figura del Alcalde.

Evidentemente, esta puerta que queda abierta al recurso que puede presentar cualquier conductor que se haya visto sorprendido por la grúa municipal tras dejar el coche en doble fila se cierra en el momento en que el Alcalde delega en la Policía Local esa atribución que le da la Ley, pero a pesar de eso no podemos evitar pensar en algunas de las consecuencias que tiene la aplicación de este curioso redactado.

La primera de ellas es lo que haya hecho cada municipio hasta que no se declare esa delegación de atribuciones. Es decir, entre el día 25 de mayo y la fecha en la que entre en vigor el decreto o la ordenanza en virtud de los cuales la Policía Local es legalmente la autoridad encargada de la gestión del tráfico, hay un amplio abanico de días durante los cuales la actuación de la grúa podría ser tildada de ilegal... a no ser que la delegación de funciones se realizase con retroactividad, claro.

Pero como de momento no hay nada en firme, andan con pies de plomo en algunas ciudades, donde hace días que la grúa no opera por si acaso. Mientras tanto, cualquiera puede dejar su coche en medio de la calle al grito de “es sólo un momentito” sin que nadie retire ese vehículo que molesta a los demás.

Por otra parte, tenemos que la DGT afirma que el texto se dejó así de abierto “de modo deliberado” para que cada municipio decidiera cómo autorregularse. Lo cual es un detalle que honra a quienes han elaborado el documento… salvo por un ligerísimo detalle: que podrían haber comentado este asunto con los municipios de forma exhaustiva para que con la aplicación de la Ley no hubiera habido sorpresas en algunos consistorios.

Pero quizá lo más inquietante sea eso que han dejado caer algunos asesores jurídicos consultados por el periódico El Correo, que aseguran que el ambiguo redactado podría dar el pistoletazo de salida a la privatización del servicio de las grúas municipales.

Y si esto prosperase, lo único que nos quedaría por pedir sería que las empresas que se dedicasen al enganche de vehículos cazados en plena infracción no dependieran únicamente de esas actuaciones sino de otras como la asistencia en carretera, por ejemplo. De lo contrario, podría ser que un empleado ávido de nómina o de preservación de su contrato hiciera cualquier cosa con llevar y traer vehículos a destajo. Y entonces ya podríamos ponernos todos a cubierto, por si las moscas.

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, un Real Decreto por el que se modifican los reglamentos sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos para adaptarlos a la normativa europea. Según anunció la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta iniciativa "va a dar más garantías a los consumidores", ya que se incorpora a la legislación europea el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos de Naciones Unidas.

Entre los principales cambios, se sustituyen los actuales pictogramas cuadrados con fondo naranja por unos nuevos representados por rombos con el borde rojo y el fondo blanco, agrupándose según "peligros para la salud", "peligros físicos" o "peligros para el medio ambiente". Además, se modifican las "frases de riesgo (R)" y "frases de seguridad (S)" por unas nuevas "indicaciones de peligro (H)" y "consejo de prudencia (P)", aumentándose el número de indicaciones de peligro y de consejos de prudencia y revisándose los textos.

Los 15 arrestados por las presuntas irregularidades de la Jefatura Provincial, de los cuales 11 declararon ayer, quedan en libertad provisional

Los funcionarios implicados en presuntas irregularidades detectadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife cobraban unos 300 euros por cada multa que ‘eliminaban’, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS. Durante el día de ayer, 11 de los detenidos, que ya ascienden a 15 personas por este caso, prestaron declaración desde primera hora ante el magistrado Nelson Díaz Frías, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona. Estas 11 personas, al igual que ocurrió con las cuatro que declararon a principios de esta semana, finalmente fueron puestos en libertad provisional y sin fianza, teniendo que comparecer cada 15 días. Los delitos que se les imputan son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Entre los implicados se encuentran seis funcionarios de Tráfico, dos de ellos jefes: M.J.P.O., de la sección de Canje de Permisos de Conducir; y su pareja J.M., de la sección de Sanciones. Entre los otros detenidos también hay un miembro del Colegio de Gestores y un trabajador de una gestoría de La Laguna; el resto serían mediadores entre los ‘clientes’ y los funcionarios, entre ellos, el dueño de un taller mecánico de vehículos, ubicado en Guía de Isora y natural de Venezuela.

Las pesquisas se iniciaron en el mes de noviembre de 2009 después de que desde la propia Jefatura se detectaran algunos desfases en la entrada y salida de sanciones. Los primeros datos apuntaban a un implicado en el Sur de Tenerife, por lo que el Juzgado de Instrucción número 7 de Arona se hizo cargo de las investigaciones.

Durante estos meses, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación realizaron pesquisas, llegando a ‘pinchar’ los teléfonos de los sospechosos, según informaciones recabadas. Gracias a las mismas, y tras reunir pruebas concluyentes, se procedió a las detenciones. Éstas se llevaron a cabo durante este fin de semana.

En cuanto a las personas que ayer declararon en los juzgadosde Arona, varias negaron los hechos y, según algunas fuentes, algunas se dedicaron a echarse la culpa mutuamente. Las investigaciones realizadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en relación a este caso han destapado otro fraude en la administración pública. Al parecer, según fuentes consultadas por este periódico, los funcionarios implicados en la destrucción de multas también se dedicaban a convalidar permisos de conducir de ciudadanos venezolanos, medio pago de entre 3.000 a 6.000 euros por carné. En esta nueva línea de investigación estaría involucrada una gestoría ubicada en La Laguna.

De momento, el juez Nelson Díaz Frías ha decretado el secreto de sumario, ya que la operación continúa abierta y pueden producirse más arrestos, incluso, de personas con cargos de más responsabilidad dentro de la Jefatura Provincial de Tráfico, así como varios guardia civiles y al menos un policía nacional adscritos a puestos del Sur de la Isla.

Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación contaron también con el apoyo y la colaboración del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La paga extraordinaria no se verá afectada, dado que el decreto aprobado ayer no tiene carácter retroactivo / La bajada prevista para el personal laboral será del 5%

El recorte salarial para los empleados públicos aprobado ayer por el Consejo de Ministros oscilará entre el 0,56% y el 7%, dependiendo del grupo y nivel, y se aplicará tanto al salario base como a la antigüedad a partir de la nómina de junio.

En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que la paga extraordinaria de junio no se verá afectada, dado que ya ha sido prácticamente devengada.

Del recorte total que se llevará a cabo en 2010, el 30% se restará de la paga extra de diciembre, en tanto que el 70% restante se repartirá entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre.

La rebaja salarial llegará al 8% en el caso de los directores generales, al 9% en el de los subsecretarios y al 10% para los secretarios de Estado, en tanto que los ministros, los vicepresidentes y el presidente del Gobierno se rebajarán su salario el 15%.

El recorte mínimo, del 0,56%, será para los trabajadores del grupo E, del 2,75% para el C2, del 4,5% para el C1, del 5,75% para el A2 y del 7% para el A1.

Dentro de la Administración General del Estado, tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, para el que bajará sólo el 1%.

Para el personal laboral de las administraciones públicas se ha previsto una bajada media del 5%, aunque tendrá que negociarse "si se desea incorporar progresividad".

En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que el otro 3% se aplicará a las retribuciones complementarias.

En palabras de Salgado, el ahorro que las entidades locales consigan con la reducción de los gastos de personal se utilizará para reducir el endeudamiento y financiar inversiones.

Por otra parte, habrá otros ámbitos del Estado, como el Consejo de Estado y los órganos superiores de Justicia, cuyos miembros se bajarán el salario entre el 7 y el 8%.E

Las medidas para reducir el déficit reducirán cinco décimas el crecimiento previsto por el Gobierno para el año 2011, que pasará del 1,8% planteado en enero al 1,3%.

Para 2010, el Ejecutivo entiende que no hay que hacer ninguna modificación, porque el -0,3% sigue siendo "válido", dado que en el primer trimestre la economía española ha registrado un comportamiento mejor del previsto.

El Real Decreto incluye, además, la congelación de las pensiones salvo las mínimas y las no contributivas.

El Gobierno espera que este paquete de medidas sirva para reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año, lo que supone 1,5 puntos del PIB y debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas, con la vista puesta en volver a un déficit del 3% en 2013.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que "no ha sido una decisión fácil de tomar para el Gobierno", que, dijo, "también es consciente de que no es fácil de aceptar".

Llevar los neumáticos defectuosos está sancionado con una multa de 200 euros

Un millón de coches circula en España con las ruedas en estado deficiente o muy deficiente. Neumáticos sin dibujo, cuarteados, con golpes, hendiduras o rotos. Pero no tener las ruedas a punto tiene consecuencias. En tres de cada cuatro accidentes por causas mecánicas, los neumáticos no estaban en buenas condiciones.

Por eso cada 2.000 kilómetros hay que medir la presión y comprobar la profundidad del dibujo. Llevar los neumáticos defectuosos tiene sanción, falta grave y 200 euros de multa.