_La Justicia está en una mejora progresiva. Si se hace una evaluación de cuál es la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, en este caso del de Canarias, en una competencia que es muy compleja donde participa el Ministerio de Justicia, de una parte; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de otra, y la propia Comunidad Autónoma, podemos decir que estamos ante una mejora progresiva gracias a la implantación de nuevos órganos judiciales, la mejora de infraestructuras y de tecnología. En este momento, los datos de la memoria del CGPJ de 2007 acreditan esa mejoría, que es ya palpable, pero el gran problema en Canarias es que existen muchos asuntos antiguos pendientes. Los juzgados canarios están sacando más asuntos de los que entran y esto es clave para descongestionar la situación. Este es el problema, que tenemos un índice de pendencia anterior, un acumulado, que todavía tardará mucho tiempo en deshacerse. Para eso hay que seguir trabajando, como en toda España, en las mejoras tecnológicas y en la dotación de unidades judiciales, y lo cierto es que en los últimos tres años hemos crecido en 19 unidades judiciales nuevas y, por tanto soy optimista, si bien dentro del marco global de la Justicia en toda España que, como todo el mundo sabe, estamos en proceso de alcanzar un pacto político por la Justicia a nivel de Estado.

_Los tribunales canarios fueron en 2007 los terceros con mayor tiempo de respuesta de toda España (6,26 meses de espera por caso y la media nacional de 5,23). Según los datos del CGPJ quedaron 142.400 casos en trámite de casi 408.000 ingresados, y sin embargo, el mismo CGPJ indica que Canarias aumentó en algo más de un 15% la financiación respecto al ejercicio precedente. ¿Qué debería hacerse para resolver estos marcadores y el volumen de pendencia?

_La Comunidad de Canarias ha sido la segunda, por detrás de la valenciana, en inversión en Justicia y esto, evidentemente, se nota. Pero como ya dije al principio, la pendencia anterior todavía es muy grande. Pero hay un factor muy importante a tener en cuenta en Canarias cuando se sacan las medias de toda España y es que las Islas han crecido mucho en población; el problema que tenemos en Sanidad o en Educación, también lo tenemos en Justicia: hemos crecido desde el año 99 en casi 400.000 personas. Hay más de 2.000.000 de habitantes, más toda la litigiosidad que se pueda generar entorno a la población turista que nos visita. En este escenario, la posición de Canarias es de mejora pero, insisto, necesitamos también de decisiones de procedimiento que son de competencia normativa del Estado y no de la Comunidad Autónoma. Necesitamos acuerdos generales de cara a la implantación de la nueva Oficina Judicial y hemos publicado recientemente el decreto. Necesitamos que la Administración se adecue a un nuevo modelo de organización, que es difícil, porque se ha trabajado siempre con la idea de que cada juzgado es una oficina, pero estoy convencido de que la implantación, de aquí a dos o tres años, del nuevo modelo puede llevar a que se liberen muchos de los atascos del pasado.

_Canarias registró la proporción más alta del país por casos de violencia de género, con un 43,9% por cada 10.000 personas ¿Cómo están funcionando estos juzgados y a qué puede responder esa alta tasa?

_Los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer funcionan razonablemente bien. Estamos con dos juzgados en Las Palmas, entrará pronto a funcionar el segundo en Santa Cruz de Tenerife y se ha conseguido la especialización de juzgados en aquellos partidos judiciales donde se producía un alto grado de litigiosidad, como puede ser el 7 de Arona. El problema de los juzgados mixtos es que tienen asuntos pendientes del pasado, la pendencia de asuntos civiles y penales ajenos al tema específico de la violencia sobre la mujer, lo que ha pasado en toda España. Hay que tener en cuenta que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entraron en funcionamiento el 30 de junio de 2005 y es un proceso de implantación paulatina. Pero la Justicia no va a ser la solución a la violencia sobre la mujer. El planteamiento es el de un tratamiento integral. Progresamos muy recientemente en la negociación, dirigida por la viceconsejera de Justicia y Seguridad, de un protocolo de atención integral de atención a las víctimas, desde el momento en el que se produce la agresión, ya sea física o psíquica, hasta cuando el sujeto responsable se pone a disposición del juzgado. Esto producirá mejoras, sin duda, pero hay factores estructurales y educativos que forman parte de un proceso. Observamos con preocupación cómo chicos jóvenes manifiestan criterios que son absolutamente machistas en su concepción y que a medio plazo pueden alcanzar derivas muy peligrosas. El factor previo, y el más importante, es el cultural y educativo y ahí se trabaja en programas específicos aunque todavía no hay una evaluación real de resultados. En materia de atención judicial se han producido avances importantes. La Ley fue un avance muy importante y ahora se requiere poner en marcha las unidades de valoración integral. Tenemos psicólogos seleccionados y trataremos de hacer un contrato de asistencia técnica para los trabajadores sociales, porque es esencial que sea un sistema que dé respuesta a todo, amén de los forenses que tenemos en el Instituto de Medicina Legal.

_Los representantes de los funcionarios reclaman el retraso de la nueva oficina judicial, el aumento de la plantilla, algo que según manifiestan no se cumplió en 2007 y tampoco en lo que llevamos de año; piden el refuerzo de determinados juzgados y equiparaciones salariales... y hace escasas semanas, tras salir de una mesa sectorial con la nueva directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso, ésta les manifestó que no había dinero para lo que pedían...

_Primero hay que manifestar la voluntad de diálogo de la Consejería para seguir avanzando en acuerdos con los representantes de los funcionarios. Hace escasamente dos años, en mayo de 2006, alcanzamos un gran acuerdo con los funcionarios que sigue estando en vigor y que demanda que toda la política de mejora en la administración se haga en un marco de diálogo, de encuentro y de avance. Las mejoras para los funcionarios tienen que traducirse en mejoras para la sociedad porque nosotros no trabajamos para los funcionarios, somos los funcionarios públicos, empezando por el consejero, los que trabajamos para la sociedad. Si el conjunto de mejoras que vamos ha implementar en los juzgados canarios son perceptibles por los ciudadanos, ya sea en los Registros Civiles, en los Juzgados Penales, o en los de Violencia sobre la Mujer, las vamos a implementar. Pero quiero lanzar un mensaje de entrada y es que no vamos a pagar más por lo mismo. Esta es la cuestión porque no tiene ningún sentido habiéndose alcanzado a un acuerdo salarial en 2006. Por tanto, este es un mensaje de contribución, de diálogo y de mejora. Produciremos, incluso, los aumentos de plantilla que haya que hacer, siempre que al final la oficina judicial, el juzgado, presente mejoras de resultados, que es lo que los ciudadanos demandan.

_Hace unos días la viceconsejera Carolina Déniz se manifestó a favor de crear un servicio de mediación en el ámbito penal y mercantil, un modelo de resolución de conflictos como el que ya existe en el ámbito familiar, pero ahora en pleitos donde no existen lazos de consanguinidad. ¿Esta sería una de las fórmulas, la de la mediación, para descargar los juzgados?

_El compromiso del Ejecutivo, que además está suscrito en el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, está en encontrar fórmulas de solución extrajudicial a los conflictos. Por tanto, la mediación familiar constituye ahora una prioridad. Hemos empezado por donde se tiene que empezar, por los temas de familia, y ahí se han producido avances. Hemos dinamizado la red de puntos de encuentro familiar y esto, al final, va produciendo resultados. Las manifestaciones de la viceconsejera se refieren a otros ámbitos donde todavía no se ha empezado pero donde es posible moverse. Hay ámbitos penales, a nivel de faltas naturalmente, donde sería posible establecer esos modos de resolución, y en lo mercantil es evidente que pueden producirse encuentros porque la conciliación puede producirse a través de un árbitro, es técnicamente posible y este es el camino por donde tenemos que andar. No obstante, la prioridad no se fija en estos ámbitos sino en el de la mediación familiar.

_¿La normativa autonómica posibilita el desarrollo de estas medidas?

_Sí. De hecho, elaboramos especialmente un decreto en abril de 2007 que entró en vigor en octubre de ese año. Realizamos unas jornadas a las que asistieron magistrados, jueces, fiscales y trabajadores sociales para poner en marcha todo el sistema y esto nos ha permitido ir implantando los puntos de encuentro familiar. Ahora tenemos pendiente, ya existe acuerdo, implantar uno en La Palma y otro en Fuerteventura y esperamos que para el año próximo podamos hacerlo en El Hierro y La Gomera, donde el nivel, lógicamente, es menor.

_En cuanto a la seguridad ¿Cuáles son los fundamentos en los que se apoya el Gobierno canario para implantar la Policía Autonómica?

_En primer lugar el fundamento normativo es el Estatuto de Canarias que establece que el Gobierno autonómico puede establecer una Policía Canaria. En segundo lugar, la decisión política de contribuir a la seguridad. Es decir, el Gobierno no puede permanecer ajeno a que anualmente las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acrediten el aumento de las diligencias por delitos y faltas y tenemos que mejorar la seguridad en sentido global. Este marco está perfectamente registrado, sin entrar en el debate sobre estadísticas policiales que no tienen elementos de contraste externo y vemos que están subiendo los índices de delitos y faltas en los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana, en Fuerteventura, en Lanzarote, y en la conurbación de Santa Cruz-La Laguna y Las Palmas-Telde. Tenemos que dar respuesta a esto y lo podemos hacer complementando a las Fuerzas de Seguridad del Estado. No hemos propuesto una Policía que sustituya o desplace a la Policía Nacional o la Guardia Civil de sus ámbitos, sino contribuir al modelo de seguridad creando un Cuerpo autonómico, fortaleciendo la estructura territorial básica que son las Policías Locales.

_El Gobierno central ha dicho en numerosas ocasiones que no financiará esa nueva Policía...
En España, a día de hoy, tenemos sistemas policiales como el de Cataluña y el del País Vasco, donde se ha producido una sustitución pero existe la Guardia Civil y la Policía Nacional para algunos ámbitos, como el antiterrorista o el control de fronteras en aeropuertos y puertos, pero en general la seguridad pública ha quedado en manos de la Comunidad Autónoma. Tenemos otro modelo que es el de Navarra que, con una población de 600.000 habitantes, cuenta con 900 policías forales que dependen de la Comunidad Autónoma, 600 policías nacionales en las dos poblaciones con más de 50.000 habitantes, Tudela y Pamplona, y la Guardia Civil, con 1.800 efectivos en el conjunto de la Comunidad. Nosotros hemos hablado de este modelo, que es posible y lo está financiando el Gobierno, pero el Gobierno español pretende que Navarra renuncie a su modelo y vaya al de sustitución porque no quiere que se le reproduzcan estos modelos en Galicia y Canarias, que tienen su Ley aprobada. Y mucho menos, que Comunidades como Baleares o Andalucía, que están gobernadas por los socialistas, aprueben sus respectivos Proyectos de Ley, que los tienen muy avanzados. Por tanto, esta es una batalla común donde no sólo está Canarias, de momento, Galicia y Canarias. Y los canarios no somos menos que el resto de los españoles. No nos parece bien que cuando se nos dice, desde el Ministerio del Interior, que aquí no va a haber financiación, aquí nadie rechiste porque lo que está ocurriendo en otras partes de España es que sí hay financiación del Ministerio y por qué tenemos que ser nosotros diferentes... Otra cosa es que lo modulemos, lo planifiquemos, digamos cuándo, establezcamos índices de corrección, protocolos de actuación, la limitación de áreas. Todo eso es posible en un marco de encuentro, pero lo que no es posible es que se diga que no porque no, cuando se sabe que estamos cumpliendo con la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad y el Estatuto de Canarias.

_Interior elaboró un Plan Integral de Seguridad para Canarias en la anterior legislatura ¿No ha sido suficiente el aumento en las plantillas?

_El Plan de Seguridad para Canarias de junio de 2006 es lo que yo llamo un plan virtual y no quiero utilizar ahora calificativos más duros. Se trata de un documento de 30 páginas con 10 epígrafes de los que 7 se dedican a inmigración clandestina y 3 a proyectos de catálogo de la Policía Nacional y Guardia Civil. El Plan Integral no sólo no menciona el Estatuto de Autonomía y la posibilidad de creación de una Policía propia. Ni siquiera dedica una sola línea a los 3.400 policías locales que hay en Canarias, cuando sabemos que en muchos municipios de las Islas la seguridad ciudadana está garantizada gracias a las Policías Locales.

"Una de las funciones de la Policía canaria sería el control de la inmigración"