La consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha rectificado una orden propia sobre la Policía canaria y la ha dado por anulada como respuesta a dos de los tres recursos presentados contra ella. La medida afectada por esta rectificación, de fecha 27 de noviembre de 2009 y dictada por el gabinete que dirige José Miguel Ruano, varió repentinamente las bases del concurso de méritos para la provisión de puestos del Cuerpo General de la Policía canaria. En concreto, eliminaba la obligatoriedad de poseer el permiso de conducir tipo A, para motos, lo que según los denunciantes iba en contra de las leyes generales del propio Ejecutivo autonómico y de los intereses de los agentes de las policías locales.

En la nueva orden de Presidencia, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, se especifica que se adopta para atender los recursos de Miguel González (en representación de la Asociación Sindical Independiente de Policías Locales de Canarias, Asipal-CSL) y César Robaina, pero obvia al primer agente local que descubrió el cambiazo del Ejecutivo, lo denunció ante los medios informativos y elevó el recurso correspondiente.

La Opinión de Tenerife informaba en diciembre que Miguel Suárez, policía local de La Laguna y adscrito a Intersindical, había presentado una demanda contencioso-administrativa contra el concurso de méritos de la Policía canaria debido a que el Gobierno "había dictado una orden en contra de sus propias leyes para beneficiar a una parte de los aspirantes". "Esto se debe a la reciente designación del jefe del cuerpo, Ignacio Badenas", procedente de la Policía Nacional, declaró Suárez, quien especificó que el cambio sobre la primera orden llegó justo en el intervalo en el que se produjeron las últimas reuniones del Gobierno de Canarias con Badenas y su presentación como jefe del cuerpo autonómico.

Cronología. El 23 de noviembre, Ruano firma una orden por la que se convoca el concurso de méritos, en la que se recoge en una de las bases que los aspirantes deben de estar en posesión del permiso de conducir de la clase A y B con BTP. Cuatro días más tarde, el 27 de noviembre, el mismo Ruano dicta otra orden –la ahora anulada– por la que "se corrigen errores". Miguel Suárez observó una "motivación" de favorecer a posibles candidatos procedentes de la Policía Nacional, para cuyo ingreso no es obligatorio el carné de moto a diferencia de lo que ocurre con los policías locales. Con el reconocimiento del error, el Ejecutivo vuelve ahora a declarar imprescindible para los aspirantes la posesión del permiso clase A.

Miguel Suárez señaló ayer que valoraba la rectificación del Gobierno, pero que "no se tenía que haber llegado a esta situación". Asimismo, el agente local se quejó de la actitud de la oposición socialista sobre este asunto. "Comentaron este hecho en una rueda de prensa, pero aún siendo oposición no tomaron ninguna medida firme. Tuvieron que ser varios agentes los que presentaran los recursos e hicieran que el Gobierno diera marcha atrás".